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Legalizar o no legalizar, that is the question.

Hoy por hoy hay mucho debate en nuestro país, y en los países occidentales en general, respecto de la legalidad asociada a la marihuana.

Internacionalmente se han adoptado distintas medidas al respecto, que van desde la prohibición total (Luxemburgo), la descriminalización o despenalización (Chile), legalización de su uso terapéutico (California, EEUU), legalización regulada del consumo (Colorado, EEUU, Holanda). Estas posturas legales además están en permanente análisis y revisión.

Podríamos partir diciendo que es evidente que cualquier postura ideológica o legal a este respecto generará beneficios y perjuicios en los distintos habitantes de un país o ciudad en particular, variando estos efectos además en relación a la composición socio-cultural, económica, de salud física y mental de dicha población. Así entonces, pareciera imposible adoptar una postura administrativa y legal que no tenga alguna desventaja en algún sentido.

Existen dos grandes tendencias de opinión respecto de la legalidad de la marihuana, una que va en el sentido de la liberalización y la opuesta que va en la dirección de la prohibición. Se intentará en este artículo resumir las principales posturas existentes, incluyendo las intermedias entre ambos polos nombrados, haciendo además un pequeño comentario al respecto:

-La postura “policíaca”: Emana de la así llamada “guerra contra las drogas”, postura oficial que EEUU ha mantenido por décadas en su enfrentamiento con las sustancias de abuso. El concepto que subyace es el del control de la oferta de drogas en la sociedad, asociado a una legalidad de “tolerancia cero”. De este modo se lograría minimizar al máximo el consumo en la población general, así tendiendo a proteger a los sujetos más vulnerables a desarrollar dependencia u otras patologías gatilladas por el consumo.

Es la opinión de varios líderes, incluídos algunos ex presidentes latinoamericanos (Lagos, Gaviria, Cardoso) que esta guerra contra las drogas no ha resultado eficaz (utilización de grandes cantidades de recursos económicos y humanos,  encarcelamiento de consumidores o microtraficantes con colapso del sistema carcelario, encarecimiento de las drogas por su poca disponibilidad, lo que aumenta el atractivo del narcotráfico), y han propuesto alternativas legales distintas al prohibicionismo.

-La postura de “los médicos especialistas”: Desde las sociedades de profesionales dedicados al tratamiento de las adicciones, el énfasis está puesto en los riesgos de poner una sustancia potencialmente adictiva adicional al alcance de la población general. Hoy hay evidencia suficiente de que la marihuana sí genera cuadros adictivos en alrededor un 10% de sus usuarios (esto ha sido minimizado o negado sistemáticamente por los partidarios de su liberalización). El argumento entonces es que si ya tenemos muchos problemas con las sustancias que tienen una legalización controlada (tabaco, alcohol, benzodiazepinas, opiáceos), para qué generarnos como sociedad un problema extra a través de legalizar otra sustancia potencialmente adictiva. 

El problema de esta postura es qué hacer con el alto consumo de marihuana que hoy ya existe en nuestro país. Claramente la forma que hasta hoy ha habido de enfrentar el tema es insuficiente, existen de todos modos adictos a la marihuana y hay un descontrol total respecto de donde consiguen la droga o las características y calidad de esta.

Uno de los grandes problemas de sistemas legales muy restrictivos es la presencia de narcotraficantes, que además eventualmente modifican las sustancias, buscando un mayor lucro o facilidad para el traslado (marihuana “prensada” o “paraguaya”, por ejemplo, con presencia de solventes, que resultan mucho más perjudiciales para la salud de los usuarios).

-La postura “terapéutica”: Hoy muy de moda en nuestro país y en el extranjero, destacando las características de la marihuana en el manejo del dolor crónico, como antiepiléptico y antiemético.

Esta argumentación, siendo válida en su génesis, puede ser usada de un modo un tanto falaz. La marihuana tiene efectivamente efectos comprobados en las patología mencionadas, siendo incluso superior que otros fármacos similares en casos puntuales. Sin embargo, su utilización puede ser por vía oral, en forma de pastillas, jarabes o aceites, incluso en formulaciones que evitan el efecto psicotrópico.

Así entonces, no se requiere un gran cambio legislativo, simplemente autorizar el uso de dichos preparados farmacológicos bajo receta cheque (similar al uso que hoy existe en el país de productos derivados del opio, como la morfina o el fentanyl).

El uso terapéutico es muy distinto al uso recreativo, tiene otra lógica y formas de implementarse.

-La postura de “reducción del daño”: Esgrimida por algunas organizaciones no gubernamentales y grupos de opinión, en que se enfatiza la diferencia de la marihuana con otras sustancias de abuso; la posibilidad del autocultivo, el generar menor accidentabilidad y menores índices de adicción. Argumentan partir de una postura “realista” y de libertades individuales, aceptando que la marihuana ya está presente en la población, poniendo así el énfasis en cómo minimizar sus riesgos en quienes ya son usuarios y en la protección de grupos vulnerables (menores de edad, personas portadoras de patologías de salud mental, por ejemplo).

También proponen que usuarios de “drogas duras” encuentran el la marihuana una alternativa más sustentable, sin tener que adherir necesariamente a un modelo de abstinencia para minimizar sus problemas con las sustancias.

La crítica a este modelo es que basa algunos de sus supuestos en observaciones no bien comprobadas científicamente. Por otra parte dentro de quienes adhieren a esta posición hay también diversas opiniones de cómo podría ser implementado legalmente (liberalizar el autocultivo vs producción y venta controlada, por ejemplo). Finalmente tampoco queda claro cual es el mejor modo de proteger a las poblaciones vulnerables.

-La postura de la “liberalización total”: La más radical en la dirección de la apertura legal, planteando el libre autocultivo, porte y consumo de la marihuana. Sus argumentos son los de la autodeterminación y las responsabilidades individuales. Rechazan que el estado o la autoridad tome determinaciones respecto de lo que pueden o no hacer o consumir las personas.

El problema evidente en esta postura es el descuido por las consecuencias patológicas que el consumo de marihuana puede producir, con todo el costo social y de salud pública asociados. Por otra parte tampoco queda claro el cómo lidiar con otras sustancias de abuso, como la cocaína, pasta base, alucinógenos o drogas de diseño.

En conclusión, como se puede observar, es un tema altamente complejo, con múltiples variables que considerar, en el que además parece inevitable que hayan personas que terminen siendo perjudicadas. Se puede observar que posturas que tienden a una mayor restricción del consumo generarían menores costos en salud, pero un aumento de los costos sociales (mercado negro, personas encarceladas, tribunales y policía dedicados en exclusiva al tema, etc.), produciéndose una relación inversa respecto de la postura liberalizadora (mayores costos en salud, menores costos sociales).

Así entonces, parece prudente y relevante que las decisiones que se vayan tomando a este respecto se basen en estudios serios y minuciosos, que permitan establecer con base qué marco legal proporciona el mejor balance de riesgos/beneficios, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Dr. Gianni Canepa Lowey

Director Centro Nevería

Abril del 2015.

Evaristo Lillo 209 (esq. Nevería)
Las Condes, Santiago, Chile.
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